En un fallo judicial emitido recientemente, se ha determinado que la comunidad mapuche Paichil Antriao deberá devolver un camping que había usurpado en Villa la Angostura en el año 2011. Los jueces han considerado que los reclamos de la comunidad en relación a derechos territoriales carecen de fundamentos.

La comunidad mapuche ha estado involucrada en diversas ocupaciones ilegales de espacios públicos y privados en esta localidad turística, amparándose en su supuesta preexistencia en dichos lugares. En este caso específico, el municipio local actuó como querellante con el objetivo de recuperar la administración del camping, ubicado a ocho kilómetros del centro de la localidad, en la costa del lago Correntoso.

Hugo Montes y Sofía Antrio, miembros de la comunidad mapuche, fueron concesionarios del sitio y estaban obligados a devolver la administración al municipio al finalizar el contrato. Sin embargo, no solo incumplieron esta obligación, sino que también argumentaron una reivindicación territorial basada en la presencia ancestral de sus familiares en el área.

Sin embargo, el argumento de la comunidad mapuche fue considerado inválido por las autoridades judiciales. Si bien es cierto que las tierras en cuestión pertenecieron en el pasado a Víctor Antriao, miembro de la comunidad, este las cedió a la entonces Comisión de Fomento de Villa la Angostura, pasando a estar bajo la jurisdicción del gobierno municipal.

La comunidad Paichil Antriao basó su reclamo en la controvertida ley 26.160 y en el relevamiento territorial establecido en dicha normativa. No obstante, el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó las pruebas presentadas y desestimó el argumento de propiedad ancestral por falta de evidencia.

Aunque la comunidad mapuche ha ocupado el camping desde 2011, el proceso judicial comenzó dos años después, cuando el municipio decidió recurrir a los tribunales para intentar recuperar la administración del lugar. Desde entonces, la querella ha presentado numerosos recursos.

En virtud de la reciente sentencia, la máxima autoridad judicial de la provincia ha ordenado no solo la restitución de las tierras al municipio local, sino también el pago de las costas legales generadas durante el prolongado proceso, que se ha extendido por más de una década.

La sentencia emitida por los jueces Germán Busamia y Evaldo Moya se basa en la falta de evidencia que respalde la práctica de actividades comunitarias por parte de la comunidad mapuche en el predio. Según fuentes municipales, no se han constatado prácticas mapuches en el lugar, sino que se trata simplemente de una explotación comercial de un espacio que no pertenece exclusivamente a la comunidad, sino a toda la comunidad angosturense.

Asimismo, la sentencia señala que no se ha demostrado fehacientemente la presencia de los requisitos necesarios para calificar la ocupación de la comunidad como tradicional y actual, tal como lo establece la Ley 26.160, que exige que la posesión se encuentre actual, tradicional, pública y debidamente acreditada.

Con este fallo, se espera que el municipio de Villa la Angostura recupere la administración del camping y que se ponga fin a una disputa legal que ha perdurado por más de una década entre la comunidad mapuche y las autoridades locales.